Durante años se la subestimó. Se dijo que Tucumán era una provincia de tránsito, no de consumo. Lo cierto es que desde hace dos lustros, la droga es una enemiga que viene avanzando a paso redoblado y haciendo estragos en nuestra juventud y ahora también en la niñez. Días atrás, expertos en adicciones de catorce entidades públicas y privadas (el Siprosa, la Municipalidad capitalina, la UNT, el instituto Roca y distintas ONGs que asisten a adictos) un documento en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, que se recordó el 26 de junio pasado.
Uno de los puntos más alarmantes es el que indica que en la última década la edad de inicio en el consumo de drogas descendió y en la actualidad, en numerosos barrios del Gran San Miguel de Tucumán, los chicos empiezan a consumir a los 5 y 6 años.
El informe afirma que existe una sobresaturación de los servicios especializados en los hospitales debido a la derivación constante de los profesionales de los CAPS, los que manifiestan la imposibilidad de responder a la creciente demanda de asistencia de adictos. Hicieron hincapié en la falta capacitación del personal de los centros asistenciales y algunos se niegan a atender a los adictos por cuestiones de seguridad personal, ya que son amenazados por los que comercian con las sustancias en los barrios.
Indicaron que no hay dispositivos de atención para los menores de 13 años y que tampoco los profesionales de la salud tienen en claro cómo actuar en casos de desintoxicación y urgencia. Acotaron que existe una grave deficiencia para asistir a adictos adolescentes en conflicto con la ley penal. El único centro de internación en Tucumán, Las Moritas, es para mayores de 18 años sin causas penales y tiene capacidad para 21 pacientes. Señalaron que se observa una deserción escolar más temprana de los adictos y muchos de ellos son analfabetos. Las instituciones tienen cada vez más pedidos de intervención en establecimientos educativos por casos de alumnos que consumen estupefacientes dentro del establecimiento. No hay protocolos de intervención, como tampoco una capacitación adecuada a los docentes para abordar la temática de las adicciones. "La institución escolar se muestra desbordada, imposibilitada de brindar la contención necesaria por la complejidad que presentan algunas familias", señala el documento.
La estadística sobre las adicciones juveniles indica que casi el 10% de los adolescentes tucumanos consumió alguna droga ilícita; para el 40% es fácil conseguir marihuana. Los servicios de adicciones reciben al mes alrededor de 600 consultas y sólo el 20% de los pacientes acepta tratarse.
Lo alarmante es que en abril de 2010, la Legislatura sancionó por unanimidad la primera ley general para la prevención y asistencia a las adicciones que prescribe la conformación del Consejo Provincial de las Adicciones con representantes de todos los sectores del Estado que les compete intervenir en la problemática: Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, ONG, universidades. Sin embargo, la norma no entró aún en vigencia porque no se constituyó el consejo.
No se entiende la mora estatal en una problemática tan dolorosa para la sociedad toda. La clase dirigente pareciera estar más ensimismada en su porvenir político que interesada en trabajar por el bienestar de la comunidad.